Rechazos recientes de la Comisión Presidencial de Indultos del Perú y del Ministerio de Justicia han cerrado las solicitudes formales de clemencia de Castillo, incluidas las presentadas por motivos humanitarios, reforzando la postura de la administración actual en contra de la liberación anticipada. La condena de Castillo de noviembre de 2025 por rebelión, de 11 años y cinco meses, sigue bajo apelación, con obstáculos procesales que limitan los indultos inmediatos. Un ajustado balotaje presidencial de junio de 2026 entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez —quien ha prometido la clemencia— y Keiko Fujimori mantiene cualquier posible acción ejecutiva condicionada a la certificación de la elección, el momento de la transición y el seguimiento legislativo o judicial rápido antes de fin de año. Los traders valoran estas restricciones combinadas de carácter legal, electoral y de plazos como una probabilidad del 85.5% en contra de un indulto en 2026.